El eufemismo de la "solidaridad interregional": medio siglo de lastre y expolio fiscal para Cataluña

El eufemismo de la "solidaridad interregional": medio siglo de lastre y expolio fiscal para Cataluña

Han pasado casi 50 años desde la instauración del Estado de las Autonomías, y el discurso de la "solidaridad interregional" se ha convertido en una coartada para perpetuar un sistema de financiación que castiga sistemáticamente a Cataluña. Lejos de haber convergido, las comunidades autónomas receptoras de fondos continúan ocupando los últimos puestos en PIB per cápita, mientras que Cataluña, motor económico del Estado, ve cómo su esfuerzo productivo es castigado con una fiscalidad asfixiante, una inversión pública insuficiente y unas decrépitas infraestructuras estatales. Este modelo no solo ha fracasado en su objetivo de equilibrar el territorio, sino que se ha consolidado como un mecanismo de transferencia de riqueza que lastra el futuro de los catalanes.

La paradoja extremeña: más dinero, menos competencias y menos impuestos

Recientemente, el parlamento extremeño ha aprobado los presupuestos más expansivos de su historia. Es por ello que me permito tomar a Extremadura como ejemplo de lo que estoy explicando, por más que a otras comunidades receptoras también se les debe considerar sujetos a los que aplica lo dicho en este artículo.

Y es que la radiografía del desequilibrio es contundente cuando se comparan las cifras presupuestarias. La Junta de Extremadura dispondrá de un presupuesto récord de 9.254 millones de euros para una población de 1.055.849 habitantes, lo que equivale a 8.756 euros por habitante. 

En contraste, Cataluña, con 8,2 millones de habitantes, dispone de un presupuesto de 54.747 millones de euros, que se traduce en apenas 6.668 euros por habitante.

Esto significa que Extremadura dispone de muchos más recursos por habitante para hacer frente a las mismas competencias que la Generalitat, a pesar de que Cataluña asume cargas adicionales de las que carece la comunidad extremeña, como las competencias en seguridad ciudadana (Mossos d'Esquadra) y el sistema penitenciario. 

Lejos de destinar este superávit a reducir su histórica brecha económica, Extremadura utiliza estos recursos para aplicar políticas fiscales populistas a costa del esfuerzo de otros. Recientemente, la región ha aprobado bajar el IRPF a los tramos más bajos (7,5% y 9,5%), convirtiéndolos en "los más bajos del país", además de reducir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y aprobar deducciones millonarias.

Mientras Cataluña paga la factura, otras comunidades se permiten el lujo de bajar impuestos sin asumir la responsabilidad plena de sus servicios.

Desventajas fiscales de ser catalán

Ser contribuyente en Cataluña conlleva una serie de desventajas estructurales que no tienen parangón en el resto del Estado de régimen común:

IRPF más elevado: Cataluña aplica los tipos autonómicos más altos del régimen común, con un tramo máximo que alcanza el 50%, muy por encima de comunidades como Madrid (45,5%) o la propia Extremadura (49,5% con tramos inferiores mucho más bajos).

Fiscalidad punitiva sin retorno: A pesar de soportar una presión fiscal superior, las infraestructuras y servicios estatales en Cataluña (rodalies RENFE, aeropuerto, justicia, red viaria...) sufren un infrafinanciamiento crónico en comparación con la media estatal.

Déficit sistemático y endémico: La Generalitat ha denunciado en múltiples ocasiones que este desequilibrio no es coyuntural, sino un déficit fiscal "sistemático, endémico y desleal" que se repite año tras año.

Inversión estatal por debajo de la media: La inversión real del Estado en Cataluña suele situarse por debajo de su peso en el PIB, incumpliendo sistemáticamente los acuerdos de reparto territorial y, por si todo esto no basta, no ejecutando el 100% de lo presupuestado.

Para dimensionar el alcance de esta transferencia de riqueza, basta con observar las balanzas fiscales. Históricamente, desde 1986, Cataluña ha arrastrado un déficit fiscal medio en torno al 8% de su PIB, si tomamos cálculos con cifras muy prudentes, toda vez que, por alguna "extraña" razón, las balanzas fiscales interterritoriales no se encuentran publicadas.

En años recientes, esta cifra ha alcanzado máximos históricos: en 2021, el déficit fiscal se disparó hasta los 21.982 millones de euros, lo que equivalía al 9,6% del PIB catalán.

En 2022, Cataluña aportó 77.742 millones de euros a las arcas estatales, pero solo recibió 56.650 millones, cerrando un déficit de 21.092 millones de euros (el 8,2% del PIB).

Si realizamos un cálculo estimativo conservador, tomando un promedio histórico del 8% del PIB catalán (que ronda los 260.000 - 280.000 millones de euros anuales), el "expolio" asciende a unos 20.000 - 22.000 millones de euros cada año.

Proyectando esta cifra a lo largo de los últimos 40 años de autonomía plena, el volumen total de recursos que han salido de Cataluña sin retorno suficiente supera holgadamente los 800.000 millones de euros. Una cantidad astronómica que, de haberse quedado en el territorio, habría permitido modernizar infraestructuras, blindar los servicios públicos y eliminar la deuda histórica, sin necesidad de recurrir a la narrativa de la "solidaridad".

Conclusión: la solidaridad no puede ser un castigo

El principio de solidaridad interregional, recogido en la Constitución, ha sido secuestrado para justificar un trasvase permanente de riqueza que no cumple su objetivo: las regiones receptoras siguen sin converger económicamente, y Cataluña se ve estrangulada fiscalmente. No es solidaridad cuando se premia la ineficiencia con más recursos y se castiga el esfuerzo con impuestos más altos.

Mientras Extremadura se permite bajar el IRPF al mínimo del país gracias a los fondos que recibe, Cataluña sigue perdiendo más de 20.000 millones de euros anuales.

Es hora de dejar de normalizar este greuge comparativo y exigir un sistema de financiación justo, corresponsable y que deje de tratar a los contribuyentes catalanes como ciudadanos de segunda clase en su propia tierra.

Mientras, la propuesta presentada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera para un nuevo modelo de financiación de las autonomías parece tener un futuro muy incierto, sea cual sea el resultado de las próximas elecciones generales de 29 de noviembre. Sin reformas, los desequilibrios dentro del estado español amenazan con quebrar la confianza en las instituciones y con dinamitar el desarrollo económico de los territorios de los que España depende para su viabilidad económica.